Hay una máquina que se puso en marcha hace unos años y que con la crisis está cogiendo impulso. Existe desde hace un tiempo un lobby con mucho poder económico y político que defiende el fin de uno de los grandes logros sociales de las últimas décadas: La salud pública, universal y de pago a través del sistema impositivo. La cual
es una forma de democracia también, aportando igualdad de coberturas sanitarias,
acceso a los avances científicos de la medicina y esperanza de vida similar para toda la población...
Si la muerte nos
iguala a todos, la sanidad pública intenta hacerlo también
mientras estamos vivos. (Igualarnos no matarnos, malpensados).
España (sea lo que sea que cada cual quiera leer ahí) tenía entre sus logros más reconocidos internacionalmente su sistema público de sanidad. Situado entre los mejores del mundo por su calidad de cobertura y por la amplitud de la misma. Nunca ha sido un sistema exento de lagunas, pero en general primaban los aciertos y el consenso general de que era un pilar de los avances sociales logrados en el final del siglo XX. Personalmente he podido comprobar en varios encuentros de la Unión Europea cómo nos miraban con envidia desde Inglaterra u Holanda a este respecto y en especial cuando se observa el acceso a la sanidad de las personas con mayor situación de exclusión. Qué decir del asombro que despertábamos en otros lares como América.
En plena ebullición de espíritus nacionalistas enfrentados por el tema de la soberanía en Cataluña, aparece la noticia de que el Hospital Clìnic de Barcelona deberá privatizar parte de sus servicios por imposición de la Consejería de Salud catalana.
Esto implica que más de medio millón de almas (catalanas, españolas o togolesas) serán atendidas en servicios rentables y explotados por una multinacional de la sanidad privada vinculada con los partidos conservadores de uno y otro lado del Ebro.
El lobby del que hablaba antes logra poco a poco sus objetivos, especialmente allí donde los responsables políticos forman parte del grupo y juegan a desmontar el sistema público cediendo negocios consolidados a multinacionales para que saquen beneficio de nuestra vida, en el sentido literal del término.
Este lobby ha funcionado como es lógico en muchos frentes, también y especialmente en el de la comunicación.
Primero han tenido que convencernos de lo mal que funcionaba todo, del dinero que perdíamos, de lo malo que era el Estado, del derroche que existía. Han logrado que enfoquemos los servicios públicos y sus trabajadores no como un sistema que necesitaba mejorar, si no como sistema pernicioso a extirpar de la sociedad. Entre otras cosas devaluando la imagen de la política. Curiosamente no pocos políticos conservadores tienen intereses personales en las compañías privadas de sanidad.
Parte de ese discurso en torno a los gastos desmesurados del sistema público ha cogido la figura de los inmigrantes irregulares como culpables. Bajo premisas falsas, como que los inmigrantes irregulares no pagan impuestos, se ha creado un esquema de pensamiento que ha permitido al actual Gobierno español aprobar una reforma sanitaria encaminada a reducir a la mínima expresión la sanidad para personas en situación administrativa irregular. Esto no es solo un problema para ellos, es un problema social al facilitar que un porcentaje significativo de la población residente en España carezca de seguimiento sanitario. ¿Seguro que eso es lo que más nos conviene a todos?
Médicos del Mundo lo ha desarrollado muy bien en su Informe Semáforo. En él se visualiza que no todas las comunidades autónomas tienen la misma visión del tema. Las hay que defienden a pesar del esfuerzo que les supone, un modelo de sanidad universal. Otras aprovechan el cambio de normativa nacional para dejar de atender a la población irregular.
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| Por algo le han llamado Informe Semáforo. |
Por otro lado y ante esta oleada de privatizaciones y recortes de la inversión pública en sanidad, se ha generado un movimiento de profesionales y ciudadanos que se organizan para defender el modelo de sanidad de gestión pública y universal. Entre convocatorias de movilización, huelgas y artículos de prensa, algunas de estas asociaciones agrupadas en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han sacado el X Informe de los Servicios Sanitarios de las comunidades autónomas.
El informe, técnicamente correcto dados los medios con los que cuentan sus autores, muestra cómo el mismo Real Decreto que posibilita dejar de lado la atención a personas inmigrantes indocumentadas, también devalúa la calidad de la atención al conjunto de la población. Nuevamente se establece una categorización de las CC.AA. en función de la calidad de sus servicios para la población general dividiéndolos en cuatro niveles según distintos parámetros.
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| Elaboración propia a partir de X Informe Servicios Sanitarios de CC.AA |
Comparando ambos documentos y los mapas de atención sanitaria que arrojan, si bien no idénticos, dan lugar a establecer correlaciones. A mayor nivel de calidad de la sanidad pública general, mayor amplitud de cobertura a la población indocumentada. Existen excepciones en una u otra dirección como Aragón, Cantabria o La Rioja, pero son las menos y en parte se explican por cambios políticos en los últimos años. La sanidad pública o es para todo el mundo o no puede ser de calidad. Precisamente porque entendiéndola como algo público, se entiende también como algo pensado para el bien común y no la especulación del capital privado.
Una vez más debemos preguntarnos qué existe detrás de los discursos que cargan sobre los excluidos las culpas de un modelo económico que se tambalea. ¿Pelear por los recursos o pensar quién sale beneficiado cuandos todos perdemos?
